Next Generation EU

El MRR nace con la finalidad de ayudar financieramente a los Estados Miembros para que realicen reformas e inversiones con el objetivo de mitigar el impacto de la COVID-19 y mejorar la cohesión económica y social de la Unión Europea, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión Europea.

El MRR tiene cuatro objetivos principales: promover la cohesión económica, social y territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros; mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las transiciones ecológica y digital. Todos ellos van dirigidos a restaurar el potencial de crecimiento de las economías de la Unión Europea fomentar la creación de empleo tras la crisis y promover el crecimiento sostenible.

Para poder acogerse al MRR, España presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR).

El PRTR, se configura como un instrumento promovido a nivel de la Unión Europea orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, así como a transformar la sociedad, con los objetivos de modernizar el tejido productivo, impulsar la «descarbonización» y el respeto al medio ambiente, fomentar la digitalización, y la mejora de las estructuras y recursos destinados a la investigación y formación, consiguiendo en última instancia una mayor capacidad de la sociedad para superar problemas como la Pandemia, conforme al marco establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El PRTR, tiene cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, que se vertebran en diez políticas palanca, dentro de las cuales se recogen treinta componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones y reformas del Plan, con un horizonte temporal hasta 2026.

Los treinta y un componentes, a su vez, se articulan en torno a 253 medidas, las cuales se distribuyen en un conjunto de 111 inversiones, a realizar en su práctica totalidad entre 2021 y 2023, y en un programa de 142 reformas estructurales y legislativas orientadas a abordar los principales retos de nuestro país, claves para la modernización de la estructura económica y social.

En este marco la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en su ámbito de competencias en materia de vivienda, ejecutará las actividades vinculadas con la Política Palanca I. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, y, en particular, con el componente 2 «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana».

La Política Palanca I, en línea con lo señalado en el PRTR, parte de que las ciudades tienen un papel fundamental en la transformación económica y social. Pero junto a las áreas metropolitanas debe tenerse en cuenta a la población que vive en otros entornos, como el rural. Desde esta base, resulta necesario articular medidas específicas para la España despoblada que impulsen la innovación social y territorial y faciliten el desarrollo de nuevos proyectos profesionales, la fijación de población, la atracción de talento, la prestación de servicios, así como un uso sostenible de nuestros recursos.

A este fin se diseña el contenido del componente 2 que responde a la necesidad de adaptar el parque de edificios y viviendas en España y las ciudades a los retos nacionales y europeos en materia de sostenibilidad, teniendo en cuenta sus características y su gran potencial de mejora, así como a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o asequible.

Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en su ámbito competencial en materia de reto demográfico, cuyas atribuciones ejerce la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, se configura como entidad ejecutora de determinadas actuaciones vinculadas con la Política Palanca II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes y, en concreto, con el Componente 4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. Así como, con la Política Palanca VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades y, en particular, con el Componente 19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills). 

La Política Palanca II, en los términos recogidos en el PRTR, estima que las infraestructuras tienen la capacidad de movilizar grandes volúmenes de inversión a corto plazo y de generar un impacto estructural sobre el conjunto de la sociedad y la economía. Para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, el refuerzo de la adaptación y resiliencia climática en infraestructuras incluye, entre otros, el Componente 4.

Por su parte, el componente 4, tiene como objetivo alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos. En este ámbito, y teniendo en cuenta que el medio rural, donde la despoblación tiene una especial incidencia, alberga gran parte del rico patrimonio natural de nuestro país, es indudable que una conservación y gestión sostenible del territorio, de sus ecosistemas, de su biodiversidad, de sus montes, es una fuente de riqueza local y de generación de oportunidades en zonas en declive demográfico.

Las actuaciones incluidas en este marco se desarrollan por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

La Política Palanca VII, en los términos recogidos en el PRTR, considera que el refuerzo del capital humano es fundamental para que el Plan de inversiones y reformas tenga el impacto deseado, tanto en la generación de actividad a corto plazo, como en el refuerzo estructural de la economía y las nuevas oportunidades laborales a medio y largo plazo. El momento requiere una actuación coordinada inmediata para abordar de forma estratégica la capacitación del conjunto de la sociedad, reorientando y aprovechando el talento y las habilidades existentes en nuestro país y generando actividad en los ámbitos de la formación y transferencia de capacidades.

En este marco se incluye, entre otros, el componente 19 que tiene como objetivo garantizar la formación e inclusión digital de la ciudadanía y los trabajadores, no dejando a nadie atrás en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía. Se dirige así al conjunto de la población, y pone especial atención al cierre de la brecha de género y al impulso de la formación en las zonas en declive demográfico. Para ello, el componente se articula a través del Plan Nacional de Competencias Digitales.

Las actuaciones incluidas en este ámbito se desarrollan por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital y por la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado.